“Luego que fueran liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo (FARC-EP) los ocho soldados venezolanos que estaban en poder de esa organización subversiva, a quienes el Ministerio de la Defensa de Venezuela calificó como secuestrados mientras que el comunicado de las FARC a la Cruz Roja Internacional los señaló como prisioneros de guerra, se debe proceder a la libertad plena de los civiles secuestrados judicialmente por el régimen de Nicolás Maduro, por orden del tribunal militar de Guasdualito”
Así expresó el presidente de la Fundación El Amparo, Director del Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela y defensor de los derechos humanos Walter Márquez.
Indicó que la detención de estos ciudadanos ha estado plagada de irregularidades. “El juez militar 14 de Control de Guasdualito, Coronel Benigno Antonio Medina Valero, ordenó la detención preventiva contra 34 civiles que fueron apresados a partir del 21 de marzo del presente año dentro del conflicto armado en el Alto Apure, especialmente en la parroquia Urdaneta del municipio Páez”.
“De acuerdo a investigaciones que hemos adelantado, dentro de ese grupo de detenidos no hay ni un solo guerrillero; la mayoría son obreros agrícolas, campesinos, docentes y otros trabajadores en la ciudad, de La Victoria de Apure, gente que se dedica a la producción de quesos, mecánicos, la mayoría fueron detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en alcabalas”