La Fiscalía General informó este martes que investiga la muerte a tiros de un juez de control durante una manifestación en Caracas, lo que aumentó a 61 las víctimas mortales en ocho semanas de protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El Ministerio Público anunció que comisionó a dos fiscales para que aclaren la muerte del juez 48 del control del área metropolitana de Caracas, Nelson Moncada, de 37 años.
Indicó que el hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando el magistrado iba en su auto por la urbanización El Paraíso, en el suroeste de Caracas, y fue interceptado por un grupo de personas que instaló una barricada en una calle.
Agregó que el juez intentó escapar del lugar, pero le dispararon y luego fue robado. El Ministerio Público señaló que los fiscales se encargarán de recolectar las evidencias y reconocimiento del lugar de los hechos.
“El juez fue asesinado a balazos, intentando cruzar una barricada. Esto debe tener sanción porque una barricada obstruye la vía pública, viola la libertad de tránsito. Este crimen debe ser sancionado”, dijo el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Saab también alertó sobre el surgimiento de presuntos crímenes de odio en las protestas opositoras, y señaló que según el registro de la Defensoría tres personas fueron asesinadas por pertenecer a un grupo político diferente al que promueve las protestas.
“El fenómeno criminal de delito de odio tiene lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por pertenecer a un grupo social, motivado por raza, etnia, religión identidad de género, nacionalidad, religión o afiliación política, discapacidad u orientación sexual”, subrayó Saab.
Según el funcionario público, las tres víctimas son presuntos simpatizantes del chavismo, incluyendo un ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fue linchado el pasado sábado en la región occidental de Lara, durante el sepelio de una de las víctimas de las protestas.
“También hemos observado que al menos 17 personas han sufrido brutales agresiones, donde multitudes han usado armas de fuego, palos, piedras, gasolina para asesinar a personas por ser funcionarios públicos o su pertenencia a una agrupación gubernamental. Nadie puede avalar un crimen o delito de odio y estos deben ser sancionados”, recalcó.
Asimismo, indicó que 35 efectivos de policía y militares han sido detenidos o están solicitados en relación con las muertes en las protestas.
Las protestas en el país comenzaron el 4 de abril, después de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de perpetrar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones. Los fallos fueron retirados parcialmente, pero los diputados insisten en exigir la destitución de los magistrados que los firmaron.
Fuente: El Universal
