El Gobierno de Perú ha desplegado efectivos militares en el exterior de tres de las cinco cárceles declaradas en emergencia por hacinamiento, marcando el inicio de una reforma penitenciaria impulsada para combatir el auge delictivo.
La medida responde a una sobrepoblación crítica que supera los 100.000 reclusos en un sistema diseñado para 40.000 personas, situación que permite a las bandas criminales continuar operando redes de extorsión y ordenar delitos desde el interior de los penales.
La intervención militar abarca los perímetros de los penales limeños de Ancón I y Miguel Castro Castro, este último reconocido por registrar uno de los niveles más altos de hacinamiento en el país.
Asimismo, las fuerzas castrenses asumieron la custodia en la prisión de Trujillo, ubicada en una zona clave para la criminalidad asociada a la minería ilegal y escenario reciente de violentos secuestros vinculados a organizaciones delictivas locales.
El decreto de emergencia también comprende los establecimientos penitenciarios de Cochamarca, en la región andina de Pasco, y el penal de máxima seguridad de Challapalca.
Este último, situado en el altiplano de Tacna a 4.600 metros de altitud, alberga a los internos de mayor peligrosidad bajo condiciones severas de aislamiento y control estricto.
