Fiscal general: Hay altos funcionarios extranjeros involucrados
La salida de Jhon Quiroz, su hija y un guardaespaldas estaba aprobada, pese a la investigación que desde hace más de 15 días abrió la Fiscalía General de la República y a estar requeridos por el Tribunal 24º de Control del Área Metropolitana de Caracas. Una solicitud por Interpol “evitó” que concretaran su huida hacia Panamá la tarde de este viernes.
Quiroz, quien fuera propietario del concesionario La Venezolana intervenido desde el viernes 16 de mayo; Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez y Donel Leovaldo Tarache Quintana lograron escapar cuando eran chequeados en la oficina de la Organización Internacional de Policía CriminaI, luego de obtener la aprobación de su salida del país en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, de Punto Fijo.
La aeronave modelo PA31T, matrícula YV2934, blanco y negro sería abordada por seis personas, pero funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, subdelegación Punto Fijo, lograron aprehender a cuatro: los escoltas Geancarlos Artigas Hidalgo y Will Abrahan León Vera, y el piloto y copiloto Sandro Enrique Ercoli García y Gustavo Adolfo Peña Fuentes. Todos serán presentados ante tribunales locales, donde la fiscal nacional 54º los imputará por su presunta participación en el intento de fuga. A las labores de búsqueda de los Quiroz y del guardaespaldas se sumaron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que junto a la policía científica peinan Falcón y estados vecinos.
De Angelis Quiroz, se conoció que estaba a cargo de la presidencia del concesionario, en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, del cual era propietario su padre, quienes son investigados por la presunta comisión de estafa que asciende el millardo de bolívares y división contra la delincuencia organizada.
Sobre los dueños se acordaron medidas cautelares, entre ellas el bloqueo e inmovilización de cuentas y otros instrumentos financieros, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes que sean propiedad del concesionario. En una entrevista concedida esta semana, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informa que “en la investigación se determinó la participación de altos funcionarios de países extranjeros, por lo que se solicitará información sobre ellos. Sin embargo, no puedo revelar más detalles para no comprometer el caso”. También revela la solicitud realizada a la Interpol para incorporar en su base de datos con alerta roja a seis personas relacionadas con la empresa.
A pesar de que Quiroz ha desmentido todas las declaraciones oficiales, no ha ofrecido mayores detalles sobre su estado empresarial. Entre las incógnitas más importantes resaltan la existencia o no de licencia de importación, la procedencia de las divisas, ni los status de las marcas comerciales que ofrece (Kawei y Brilliance).
Al INOF enviaron a abogada del concesionario
Por presuntamente exigir dinero a cambio de gestionar la entrega de automóviles, la tarde del jueves también fue detenida en Los Teques la abogada de la empresa, Graciela Auxiliadora González, por los delitos los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales y asociación para delinquir y fijando como sitio de reclusión el Internado Nacional de Orientación Femenina. Hasta el miércoles 4 de junio, el Ministerio Público había atendido a 3.996 afectados, por lo que desplegó 165 funcionarios de la institución, entre fiscales, abogados y trabajadores administrativos, abocados al caso en todo el país.
Afectados de La Venezolana estudian propuesta de empresa colombiana
Forza Motors Group, la única empresa en América Latina que tiene los certificados de exclusividad de las marcas de vehículos chinos Hawtai, Jonway, Yuejin, Maxus y Shacman, contactó a varios de los estafados por La Venezolana, a quienes les plantearon su disposición de conversar con el Gobierno nacional para concretar el traslado de dichos automóviles, según Ulises Medina Lorenzo.
“Jorge Arévalo, quien se identificó como un representante de esta empresa que funciona en Colombia, se comunicó conmigo y me hizo el planteamiento. Sin embargo, estamos a la espera de la reunión con el Ejecutivo que es quien tiene la facultad de aprobar las propuestas que manejamos”. Detalla que “lo único que ellos piden es que los autoricemos a establecer conversaciones con el Ejecutivo central para aportar soluciones a nuestro problema, ya que tienen toda la logística para hacerlo a menor costo y en menor tiempo”./Amy Torres
