El Gobierno Nacional, a través del «Programa para la Convivencia Democrática y la Paz», solicitó formalmente a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para 51 personas procesadas o condenadas.
La información señala que esta acción busca atender a ciudadanos vinculados con delitos contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República.
Esta solicitud fue impulsada directamente por el Ministerio Público, con el objetivo de cambiar el estatus de reclusión de los involucrados. Según el comunicado oficial, el Estado busca implementar estas alternativas como parte de un proceso jurídico que permita evaluar individualmente la situación de los detenidos.
Las autoridades ratificaron que continuarán adoptando iniciativas orientadas a «favorecer el reencuentro entre los venezolanos». De acuerdo con el texto oficial, el fortalecimiento del tejido social y la promoción de un clima de entendimiento son los argumentos principales para proponer este giro en las medidas judiciales, presentándolo como un paso necesario para la estabilidad y la preservación de la soberanía nacional.
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