El espacio que pertenece a Fogade habría sido alquilado en $1.000

En un espacio ubicado en el piso 8 de la Torre Construcción, en la avenida Bermúdez en Los Teques, que aparentemente es propiedad del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), habrían intentado montar un centro de belleza que incluía un spa.

El inmueble por un tiempo fue usado como oficina, pero lo acondicionaron como un apartamento y en los últimos años estuvo ocupada por Carlos Caraballo, un conocido exdirigente estudiantil, quien perdió la vida a mediados de noviembre de 2023, al caer al vacío justamente desde ese lugar.

Avance conoció que tras el fallecimiento de Caraballo el área habría quedado en manos de un exdiputado del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda (Clebm) y miembro del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado.

Trascendió que el dirigente político junto a dos personas más (un  hombre y una mujer) que supuestamente trabajan en el edificio y que actuaron en nombre de una empresa denomina La Inmobiliaria alquilaron la estructura. La negociación se cerró en 1.000 dólares mensuales.

La Superintendencia de Administración Tributaria de Guaicaipuro (Satguaica) fue alertada sobre la situación toda vez que allí se desarrollaría una actividad de explotación comercial.

La actuación de Satguaica

Un grupo de funcionarios de Satguaica se trasladó hasta el sitio para hacer una inspección, logrando detectar que ya tenían un aviso del local guindado en una de las paredes, equipos de manicure, pedicure y del spa que ya estaban instalados.

También se percataron de un pequeño cubículo reservado para el exparlamentario y dirigente comunista, que compartiría espacio con los responsables del comercio.

Ante esta situación la municipalidad impidió que se abriera el establecimiento y ordenó su cierre. Actualmente se adelanta un proceso de recuperación del inmueble y de manera paralela se investiga cómo un bien que pertenece al Estado cayó en manos de particulares.

Finalmente se deshizo la negociación. Los responsables de la supuesta compañía La Inmobiliaria se comprometieron a devolver los 1.000 dólares que recibieron por concepto de arriendo y a su vez los dueños del spa asumieron el compromiso de retirar los equipos y demás artículos que ya habían llevado para el inmueble.

El acuerdo quedó plasmado en un acta, al cual tuvo acceso este medio de comunicación y que  está firmada por las personas involucradas, menos por el político que se negó a estampar su rúbrica.