El actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha dominado la agenda política de la última semana mediante una intensa estrategia que combina presencia en las calles, movilización en redes sociales y la promulgación de importantes medidas de corte social.
Este despliegue ha ajustado al máximo las proyecciones electorales: según la más reciente encuesta de Datafolha, la ventaja de Bolsonaro se redujo a solo 2 puntos en votos válidos (51% frente al 49% de Lula), lo que representa un empate técnico en vísperas del balotaje.
El impulso del mandatario progresista se ha cimentado en reformas de gran impacto popular. Entre los movimientos clave destaca la promulgación de la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin reducción salarial y con dos días de descanso remunerados, un histórico objetivo concretado antes de los comicios para beneficiar a millones de trabajadores formales.
A esto se suman recientes anuncios orientados al alivio económico y la protección social: financiamiento y condonación de deudas para microemprendedores, una propuesta de impulso al transporte público gratuito durante los fines de semana, el aumento de subsidios para las familias de menores ingresos, subvenciones a los combustibles, créditos para taxistas y ayuda económica para evitar la deserción universitaria.
Ante esta ofensiva, Flávio Bolsonaro se vio obligado a recalibrar su discurso. Tras cuestionar en un principio la reforma laboral, terminó cediendo a su apoyo argumentando en el noticiero Jornal Nacional que «el pueblo lo está pidiendo». No obstante, el candidato opositor mantiene duras críticas contra el paquete de beneficios de Lula, tildándolo de «mentiroso» e inviable económicamente.
