Según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos. al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación, en 2017, de la Ley Contra el Odio que el Ejecutivo ahora pide reformar.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, dijo que “la mayoría de las veces” el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.
Según la ONG, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, reformar la ‘Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, impulsada por Nicolás Maduro y promovida en su momento por la propia Rodríguez que presidía la denominada Asamblea Nacional Constituyente.
Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia y otro tipo de sanciones, ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del marco legal represivo aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
