Casi el 50 por ciento de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014El gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado y supuestamente asesinados e incinerados.
«México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los enormes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar», dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
Al abrir la sesión ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra Desapariciones Forzadas, en Ginebra, Gómez agregó que el tema ocurre «en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et urbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y la justicia».
«La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia».
Gómez Robledo destacó que «cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social».
Familiares de los jóvenes y la organización Human Rights Watch rechazaron las conclusiones de la procuraduría y cuestionaron que se hiciera el anuncio cuando ni siquiera había comenzado la misión de los especialistas de la CIDH.
«La respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos», destacó Aministía Internacional (AI) a través de un informe para el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
AI destacó que en respuesta a las manifestaciones multitudinarias y el escrutinio público, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el 27 de noviembre una serie de medidas más amplias «que no parecen conducir al cambio estructural que el país necesita para abordar el caso de Ayotzinapa y todos los demás casos de desaparición forzada y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad».