Pidieron $35 mil a un detenido para imputarle un delito menos grave
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló una trama de corrupción en la Fiscalía Superior de Falcón, donde está involucrado el exfiscal superior Diego Flores, por el delito de extorsión.
En rueda de prensa desde el Ministerio Público (MP), en Caracas, precisó que el pasado mes de enero, el ciudadano Kharim Jusef denunció que fue víctima de una extorsión por parte del exfiscal superior de Falcón, quien acababa de ser removido de su cargo.
“Jusef negociaba la compra de 600 bultos de harina de maíz para su supermercado, cuando fue detenido debido a que dicha harina era producto de un robo. Los abogados Nino Gómez y Félix Patiño se acercaron a él y le indicaron que lo sacarían del problema a cambio de 40 mil dólares, para ellos negociar con el fiscal superior para la fecha, Diego Flores. El entonces fiscal superior junto al fiscal 14º para la fecha, Carlos Chirinos, se comunicaron con Kharim Jusef y le indicaron que para imputarle un delito menos grave debía pagar 35 mil dólares y dar a cambio un camión de los que habían colectado”, indicó.
Finalmente, Jusef pagó 20 mil dólares, además de entregar una camioneta Toyota Merú valorada en 11 mil dólares. De esta cantidad, 5 mil dólares se le entregaron a Nino Gómez en las afueras de los tribunales, como requisito para iniciar la audiencia donde le imputarían a la víctima un delito menor.
Más implicados
Otros 15 mil dólares se entregaron a Darwin Padilla, quien fungía como escolta del exfiscal superior Diego Flores, luego de que a la víctima le fue otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad, agregó.
Por este caso, el MP solicitó órdenes de aprehensión contra Diego Flores, exfiscal superior de Falcón, quien se encuentra detenido; Darwin Padilla, escolta de Flores; Carlos Chirinos, exfiscal 14º en esa jurisdicción, además de los abogados Nino Gómez y Félix Patiño.
Saab indicó que, como parte del proceso de depuración del MP, hasta la fecha se iniciaron investigaciones contra 187 funcionarios del organismo. De ellos, 78 están judicializados, 57 han sido privados de libertad y 14 ya han sido condenados.
