Lideró la banda transnacional más peligrosa de América Latina
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido en el mundo del hampa como ‘Niño Guerrero’, dejó de ser un criminal local para convertirse en el máximo líder del Tren de Aragua, la banda transnacional más grande y peligrosa de América Latina.
Su historial delictivo, que comenzó con delitos menores, culminó transformándolo en un objetivo prioritario para la justicia internacional.
Nacido en 1983 en Maracay, estado de Aragua. Los primeros registros delictivos de Guerrero datan del año 2000, cuando estuvo involucrado en asaltos y robos menores que lo llevaron por primera vez a la prisión de Tocorón.
Sin embargo, su nivel de violencia escaló rápidamente. En 2005, participó en el asalto a una estación policial, donde asesinó al cabo Oswaldo González. En 2010, fue capturado en Maracay mientras traficaba con drogas y bienes robados.
Entre 2012 y 2013, logró fugarse del penal, pero fue recapturado un año más tarde. En 2018 fue condenado formalmente a 17 años de prisión por cargos de homicidio, narcotráfico, robo de identidad y ocultación de armas de guerra.
Desde Tocorón
A pesar de estar tras las rejas, Guerrero Flores utilizó el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) como su base de operaciones central. Desde allí, aprovechó la crisis económica en Venezuela y el consecuente éxodo migratorio para expandir los tentáculos del Tren de Aragua por todo el continente americano.
El control que ejercía dentro del penal era absoluto. Cuando las autoridades venezolanas intentaron retomar el control de la prisión en 2023, ‘Niño Guerrero’ ya había escapado, dejando al descubierto una infraestructura de lujos extravagantes financiada por el crimen organizado. Dentro de la cárcel se encontraron: Una piscina, una discoteca, bares, restaurantes, zonas de juegos, canchas, un estadio de béisbol, granjas de cerdos y pollos, e incluso un zoológico privado.
En la mira de la Casa Blanca
La expansión de la banda hacia territorio estadounidense encendió las alarmas de Washington. En diciembre de 2025, el gobierno de Donald Trump formalizó una acusación penal en su contra en un tribunal federal de Manhattan por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, importación de drogas y delitos con armas de fuego.
Para agilizar su captura, el Departamento de Justicia de EE. UU. había fijado una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o neutralización, consolidándolo como uno de los fugitivos más buscados del hemisferio.