Foro con la hermana María José González. Aseguró que la impunidad hizo de la delincuencia un tema inmanejable

Amy Torres. Tajante se mostró la hermana María José González, quien forma parte del Departamento de Cáritas de Venezuela y de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, al expresar su concepción de cómo debería ser el Plan de Pacificación que impulsa el Gobierno nacional.

Para empezar, dejó claro que está de acuerdo con todo lo que contribuya con la paz, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. “Todo aquello que vaya en detrimento de la dignidad del individuo, que violente sus derechos, lo vamos a repudiar”. “Por ejemplo, un plan de pacificación en el que haya un uso excesivo de la fuerza pública no puede llevar ese nombre. Nosotros estamos en contra de que el Ejército o las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) estén involucradas en la iniciativa”.

Sostuvo que la Guardia Nacional no es un cuerpo para brindar seguridad a los ciudadanos, sino de represión. “Cuando un órgano de este tipo busca pacificar, el mecanismo no es otro que la fuerza”. Detalló que un plan de paz debe, en primer lugar, buscar una articulación con las organizaciones, sin descargar la responsabilidad en los venezolanos. “No se puede culpar a la familia ni a los malandros, es el Estado el que debe garantizar la seguridad”.

“En un país donde la impunidad es tan alta, con una gran cantidad de jueces suplentes que no aplican la justicia, un retardo procesal que afecta a nuestros privados de libertad y una reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que ha empeorado la situación, el Gobierno no puede escurrir su responsabilidad”.

Sistema penitenciario ha hecho metástasis

Sobre la situación de los penales, sostuvo que hasta ahora el sistema carcelario no ha sabido responder a las necesidades de la población venezolana. “Ello no significa que no reconozca los esfuerzos de la ministra. Estoy hablando de una falla estructural que se debe resolver, así como el problema de la justicia”. “La inseguridad está ligada directamente a la impunidad. Quizás no son tantos los asesinos, pero sí un mismo asesino con muchas víctimas. La mayoría de los delitos no llega ni siquiera a ser concluido por la policía”.

Asimismo, dejó varias interrogantes para la reflexión: “¿Cómo hablamos de un Plan de Pacificación cuando nos dicen que es el Ejército el que garantizará la seguridad? ¿Cómo van a hacer? ¿Matar a la gente en enfrentamientos entre las bandas delictivas y el Estado? ¿O van a empezar las ejecuciones extrapoliciales?”. Indicó que la seguridad no está dada porque haya policías en la calle, o porque ejerzan represión contra la gente, sino por una concertación entre todos los actores de la sociedad. “Lo otro es que los órganos públicos cumplan su responsabilidad”.

González se preguntó dónde quedó la Comisión Desarme, en la cual se pedía que se marcara con láser las municiones. “Las máquinas supuestamente llegaron el año pasado, pero ¿dónde están? Eso ayudaría a determinar las armas que entran de forma ilegal.

“En nuestra sociedad el tener está por encima del ser”

“A mí me decían que estudiara para ser alguien en la vida, pero resulta que en esta sociedad se ha puesto el tener por encima del ser. Había muchachos en la cárcel que me decían que delinquir era su profesión. Imagínate, cuando alguien concibe el delito como su medio de trabajo, está muy lejos de la sociedad que queremos”. Manifestó que el Estado también debe procurar la satisfacción de las necesidades y atender los vicios en la población juvenil, pues hay un número grande de adictos, y esto genera delitos.

Por otro lado, declaró que “se debe reforzar la educación, pero ¿cuánto se invierte en educación aquí? En una formación para la paz, para el manejo pacífico de los conflictos. También hay que revisar la concepción de que quien más poder tiene es el que más grita, el que golpea y saca una pistola”.

“Un Estado incapaz de reivindicar a las víctimas de El Caracazo no puede garantizar la paz”

La hermana refirió que a 25 años de El Caracazo todavía hay familias que no saben dónde están los cuerpos de sus parientes. “Un Estado que no es capaz de responder a unas medidas que estableció la Corte Interamericana, a unas violaciones tan nefastas de los derechos humanos, no puede promover la justicia”.

Indicó que a la fecha en los tribunales aún no hay una sentencia que determine responsabilidades penales por lo que ocurrió. “Esa gran impunidad lleva a que pensemos en que seguimos en un estado donde reina la impunidad. Las autoridades tampoco han realizado los procedimientos técnicos para identificar a las víctimas y entregarlas a sus familiares. ¿Cómo me van a hablar hoy de pacificación?”.

La Iglesia Católica sí trabaja por la paz

Tras cuestionar la existencia de las llamadas zonas de paz, recalcó que la Iglesia Católica sí trabaja por este principio fundamental y sí está dispuesta a dialogar con el Gobierno. “Nuestra real preocupación es la pérdida de tantas vidas. ¿Cómo es posible que el año pasado murieran más de 24.000 venezolanos y no estemos llorándolos? La indiferencia nos ha arropado de tal forma que nos ha robado la capacidad de conmovernos, de tener compasión. Llora la mamá a la que le mataron a su hijo, pero no hay una articulación entre todas las madres para exigir seguridad al Estado”. Recordó que “antes las bandas no estaban organizadas, pero lo que acaba de ocurrir en Ocumare del Tuy es una evidencia de que están articuladas más de 50 grupos delictivos”.

Hay que darle valor a la vida

“Aquí se debe aplicar lo que ocurrió en Medellín: darle valor a la vida. Si me vas a robar, no me mates. Como se ha cotidianizado la muerte, la gente cree que es normal; sin embargo, como Iglesia no nos cansamos de repetir que no lo es”. Tras reprochar que haya granadas y armas largas en los penales,  criticó el hecho de que por muchos años se negara que hubiera un problema de inseguridad. “Incluso la defensora del Pueblo lo calificó como una ‘sensación’. ¿Cómo se puede decir esto cuando hay cifras terribles de gente que muere?”.

Para finalizar, dijo que “no son los ricos los que mueren, sino la gente pobre de los sectores populares. Las víctimas y victimarios vienen de estas zonas en su mayoría. Por eso se debe pensar en una campaña que rescate el valor de la vida. Delitos se cometen en todas partes, pero la impunidad hace que la situación sea inmanejable”./ac/Foto: Eduardo Aguilar