RONALD PEÑARANDA

Ex esposa de Gustavo González habla sobre uno de los 12 sicariatos más sonados de Venezuela

El lunes 2 de noviembre de 2009, pasadas las 03:00 pm, Gustavo Gónzalez, quien para ese momento tenía 40 años de edad, conversaba con cinco personas, dentro del restaurant Decamoens, ubicado en la calle Guaicaipuro, a escasa una cuadra de la plaza Bolívar de Los Teques.

Lo acompañaban, entre otros, la diputada regional Verónica Barboza y Josy Fernández, quien para la fecha era concejal de Los Salias.

Dos sujetos que se movilizaban en una moto llegaron a la puerta del local, uno de ellos entró y sin mediar palabras le disparó al entonces secretario del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (Clebm).

Fueron dos tiros, uno de ellos se lo dieron en la cabeza. Quedó gravemente herido y lo trasladaron al Centro Médico La Paz, que queda por ahí cerca, donde falleció minutos más tarde.

La noticia corrió como pólvora por toda la ciudad, pues Gustavo era un hombre con mucho carisma y se ganó el cariño de muchos.

El comisario Ramón Silva Torcat, quien era el jefe del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-Miranda), se trasladó hasta la clinica, donde declaró que manejaban varias hipótesis. La que cobraba más fuerza era el sicariato.

En un trabajo realizado por la periodista Lisseth Boom y publicado por el diario Últimas Noticias en 2012, se ubica el crimen de González entre los 12 casos más sonados de sicariato en Venezuela.

La comunicadora social hace una especie de ranking y sitúa el homicidio del dirigente político en la sexta posición. La lista la encabeza el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004.

A casi una década de uno de los hechos que sacudió a la capital mirandina, no se sabe quién o quiénes son los autores intelectuales de la muerte de Gustavo.

Su ex esposa y madre de sus tres hijos, Carolina Márquez, rompe su silencio y acepta hablar para el diario Avance, “para que se sepa nuestra verdad”.

“Han sido nueve años de impunidad. El caso, policialmente, nunca se resolvió. Desde el principio me metí de patas y cabeza en la Fiscalía, ví demasiadas cosas ilógicas, incomprensibles y tomé la decisión de sacar el expediente del Cicpc de aquí de Los Teques, logré llevarmelo para la Fiscalía General de la República”.

Contó que la fiscal que llevaba el caso acá no hizo nada. Pero allá en Caracas tampoco hicieron nada. “Tuve que regresar a la capital mirandina el expediente al tercer año de la muerte de él y desde ese momento comencé a recibir amenazas de muerte”.

“Me decían que si seguía investigando, la próxima en aparecer con un mosquero en la boca iba a ser yo. Con el dolor de mi alma tuve que separarme de la averiguación, no seguí, porque tenía que vivir para mis chamos”.

Sin embargo, no se quedó del todo de brazos cruzados. Pidió a la fiscal que le intervinieran su teléfono para determinar el origen de las amenazas de muerte. “La respuesta de esa señora fue que no tenía con quién hacer esas diligencias para Caracas”.

“Le dije, no se preocupe doctora, monte el oficio que yo misma lo llevo. Efectivamente yo llevé el papel para que intervinieran mi línea Movistar y hasta el sol de hoy que estoy hablando contigo estoy esperando de que hagan el procedimiento”.

Señala que cuatro días después que mataran a su ex pareja, le mandaron a su casa lavada, plancha y almidonada la ropa que llevaba el día que lo asesinaron.

“Cuando hay un caso como este tan emblemático, ¿no crees que lo primero que agarra el Cicpc es la ropa?. Esa debió ser la primera evidencia”.

Agrega que todas esas cosas se las comentó a la fiscal, “¿y tu crees que ella llamó a alguien?, ¿investigó algo? Hoy día conservo esa ropa guardada en la casa”.

Dudosa investigación

Confiesa que tiene muchas dudas sobre la investigación. Le llama la atención que nunca citaron para declarar a Carolina Montes de Oca, quien era su asistente y pasaba muchas horas con él. “Y Caro siempre estuvo dispuesta a colaborar”.

Los teléfonos y el computador portátil del hoy fallecido aún reposan en el Cicpc. “Siempre se negaron a regresármelos”.

Sostiene que meses antes del suceso que cambió su vida y la de sus familiares ocurrieron situaciones anormales.

El primero de enero de 2009, la camioneta Explorer que usaba Gustavo explotó en la avenida La Hoyada, aparentemente por un bote de gasolina.

En abril, Carolina acompañaba a sus muchachos a una práctica de beisbol en La Fragua y el chofer le comunicó que había una bomba en la maleta del vehículo.

“Me pongo como loca, llamo a Gustavo, al rato llega él, nos sacaron de allí en helicóptero y finalmente resultó ser una bomba lacrimógena”.

Un día de julio a eso de las 10:00 pm lo secuestran en Llano Alto (Carrizal). Lo rodaron por varias partes y le decían: “Hasta cuando jodes, le dieron una golpiza y después lo liberaron en Caracas”.

Días después viajaron a Margarita, donde permanecieron 15 días. “Estando allá me dijo cuida a los chamos. Le preguntaba ¿qué pasa?, ¿por qué me hablas así? y él contestaba ¡coño Carolina no lo sé, siento que me están persiguiendo! No sé si él no me dijo nada para protegernos o porque no sabía”.

El día anterior a su muerte, a las 10:00 pm recibió una misteriosa llamada y él pedía que lo dejaran en paz.

“Lo escuché decir que si tenía que dejar el puesto que ocupaba, lo dejaba. Decía yo no quiero ser gobernador, ni diputado, no quiero nada. Duró 45 minutos hablando y nadie me dijo a mi quién le hizo esa llamada a pesar de que el Cicpc revisó su teléfono”.

Duros momentos

Al tercer día del novenario de González, Carolina estaba sentada en una banca de la Catedral San Felipe Neri de repente le entró una llamada a su celular.

Se sentía devastada, no tenía ganas de nada. Responde el teléfono uno de sus hijos, que en ese momento tenía 11 años “y lo que se escuchaba era una insultadera. En ese instante me pongo una coraza, acudo al Ministerio Público para solicitar una orden de alejamiento para los niños y para mi”.

Posteriormente varias personas allegadas a Gustavo se trasladan a su hogar para preguntar qué se iba a hacer con la casa y los otros bienes que dejó.

“Mi respuesta fue si ustedes quieren esas cosas yo se las doy, pero ahorita no tengo cabeza para pensar en eso, dejenme llorarlo y después que llore vemos lo que hacemos”.

Más adelante se asesoró con abogados, familiares y amigos. “Esa vivienda lo tuve yo porque soy docente y logré tenerla a través de la Ley de Política Habitacional, obviamente que conté con el soporte económico de Gustavo. Actualmente la sigo pagando”.

Asegura que también la acosaban porque decían que Gustavo había dejado 56 millones en el banco, que era bastante plata en aquella época.

“Con la frente en alto les puedo decir a mis hijos que lo que dejó su papá ahí está, yo no me lo gasté ni tampoco me lo rumbeé. El dinero sigue en el banco porque no se pudo cobrar. La casa continúa intacta. Seguimos con el mismo carro Aveo y la moto que nos dejó él”.

Al secretario del Clebm lo mataron el dos de noviembre de 2009