Abogados y familiares de procesados alzan su voz de protesta
“La situación de los privados de libertad ha alcanzado niveles críticos. La falta de firma de boletas de excarcelación, el diferimiento masivo de audiencias preliminares y de juicio, y la imposibilidad de tramitar beneficios procesales convierte la prisión preventiva en una condena anticipada e ilegítima”.
De esta forma, Erick Blanco, abogado y defensor de derechos humanos, describe la realidad actual del Palacio de Justicia de Los Teques, que acaba de cumplir tres meses paralizado debido a los daños estructurales que presenta la edificación ubicada en la calle Arismendi tras los dos terremotos del 24 de junio.
En diálogo con Avance, habló en nombre de la comunidad jurídica y familiares de los procesados: “Comprendemos la situación generada tras el evento sísmico el cual causó afectaciones estructurales en la sede judicial”.
“Sin embargo, denunciamos firmemente que la interrupción indefinida del despacho tribunalicio no es una respuesta institucional válida ni legalmente justificable cuando están en juego la libertad personal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva”.
Apuntó que ciudadanos en libertad sometidos a proceso, imputados bajo medidas de presentación o prohibición de salida del país, ven suspendidos indefinidamente sus lapsos procesales sin poder resolver su estatus legal, permaneciendo en un estado de incertidumbre jurídica continua.
“Esas personas quedan desprotegidas ante la imposibilidad de dictar o renovar medidas de protección urgentes y la paralización del resarcimiento de daños”, enfatizó.
“La justicia no es un edificio”
Calificó de inadmisible que a tres meses del doblete sísmico no se hayan habilitado mecanismos idóneos de contingencia tales como: “Habilitación de sedes provisorias o tribunales itinerantes. Implementación efectiva de la digitalización de expedientes y la firma electrónica o un plan especial de despacho de emergencia dedicado exclusivamente a asuntos de libertad y medidas cautelares.
“La parálisis del circuito judicial viola flagrantemente los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El argumento de los daños en la infraestructura del edificio no puede congelar de facto el ejercicio de los derechos fundamentales”.
Recalcó que la justicia no es un edificio, “es una función pública esencial e ininterrumpida que el Estado está obligado a garantizar el artículo 257 constitucional (el proceso como instrumento para la realización de la justicia), prohíbe que la justicia se sacrifique por la omisión de formalidades no esenciales o paralizaciones administrativas”.
