El procedimiento de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inicia este miércoles una nueva etapa en el Congreso, en un mar de indefiniciones sobre el futuro inmediato de la joven democracia de la principal economía latinoamericana.

El relator de la comisión especial que analiza el impeachment (juicio político) dirá a partir de las 14H00 locales (17H00 GMT) si ve razones para destituir a la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015. Los 65 diputados que conforman esta comisión podrán modificar el texto hasta el lunes próximo, cuando procedan a votarlo.

Cualquiera sea la decisión, se trata de un informe no vinculante que debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. Salvo imprevistos, la discusión en esta instancia se iniciará el viernes 15 y el voto se llevará a cabo el lunes 18, según previsiones de la comisión.

Una moción de impeachment tiene que contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios), para pasar al Senado. Y si éste a su vez la aprueba, por mayoría simple (el voto podría ocurrir a inicios de mayo), Rousseff será separada de su cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, que estará igualmente en manos del Senado.

Si fuera el caso de que se aprobara su destitución, Rousseff sería reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por su vicepresidente, Michel Temer, del partido centrista PMDB que la semana pasada rompió una alianza con el PT y se sumó a la causa del impeachment.

Rousseff y su mentor y predecesor, Luiz Incio Lula da Silva (2003-2010), han multiplicado en las últimas semanas los mítines, para denunciar una tentativa de “golpe de Estado”.

Rousseff, con una popularidad bajo mínimos, recurrió a Lula para motivar al PT y a su electorado tradicional, desmovilizado por una recesión económica que se está convirtiendo en la peor desde los años 30 y por el megaescándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

Lula y el equipo presidencial actúan tras bastidores para tratar de desactivar el segundo juicio de destitución desde la restauración de la democracia brasileña desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.

El foco se centra en los partidos menores de la heterogénea coalición, deseosos de ocupar los espacios dejados vacantes por el PMDB, tanto en el gabinete como en las mayores administraciones de este gigantesco país de 200 millones de habitantes.

Uno de esos partidos, el PP (51 diputados), no esconde que negocia su apoyo a un alto precio: ministerios “de prestigio”, con grandes presupuestos, como el de Salud o Educación.

La mandataria indicó el martes que descartaba una reestructuración ministerial “antes de cualquier proceso de votación en la Cámara”. Esa decisión se debería, según la prensa, al “miedo a las traiciones” en el momento de votar en la cámara.

Las negociaciones y los cálculos son, en efecto, difíciles en un Congreso fragmentado, que cuenta con una treintena de bancadas partidarias, muchas de las cuales se hallan divididas internamente sobre la cuestión del impeachment.

Según el diario O Estado de S.Paulo de este miércoles, hay actualmente 234 diputados decididos a votar por el juicio político (de los 342 necesarios), 110 determinados a votar en contra, 56 indecisos y diez que no han querido revelar su voto. Otros 103 “no fueron encontrados” por los reporteros, señala el rotativo.

“Es muy difícil prever un resultado (…). Durante el impeachment de Collor, la historia cuenta que varios diputados cambiaron de idea mientras estaban en la fila para votar”, admitió la semana pasada en una entrevista con la AFP el diputado Rogerio Rosso, presidente de la comisión de impeachment.

En los últimos días se hicieron oír voces favorables a la convocatoria de elecciones anticipadas, por considerar que una “solución Temer”, contra quien el Supremo Tribunal Federal (STF) pidió igualmente abrir un procedimiento de impeachment, no permitiría religitimar a las instituciones desgastadas por los escándalos y las componendas.

Pero esa salida requeriría una reforma constitucional, improbable en este contexto, o la anulación lisa y llana de la elección de 2014 por la justicia electoral, que examina acusaciones de que la fórmula Rousseff-Temer recibió fondos procedentes del esquema de corrupción de Petrobras.

Lula fue nombrado el mes pasado jefe de gabinete de Rousseff, pero su asunción fue bloqueada por un juez del STF por sospechas de que se trataba de una argucia para librar de la justicia ordinaria al fundador del PT, investigado por presunta corrupción en el escándalo de la petrolera.

El plenario del STF debe zanjar su caso la próxima semana. Pero incluso sin ocupar formalmente un cargo miniterial, Lula es el motor de las negociaciones para reforza la base aliada y salvar a su heredera política del impeachment.

Y para hacer presión desde la calle. “El pueblo fue a la calle y vamos a proteger el mandato de Dilma”, dijo esta semana en un acto en Sao Bernardo do Campo, en la región paulista, donde surgió como líder sindical en los años de la dictadura militar.