Educadores, trabajadores y jubilados de la administración pública protestan en Venezuela para pedir aumentos de sueldos y mejores condiciones laborales.

Empobrecidos educadores, trabajadores y jubilados de la administración pública en Venezuela protestaron este martes en varios estados del país para pedir aumentos de sueldo y mejores condiciones laborales, golpeados con una de las inflaciones más altas del mundo y con una crisis recurrente.

“Yo sobrevivo porque tengo familia, no por el salario”, dijo a la Voz de América Damelys Yégüez, de 74 años, durante una manifestación en Caracas frente al Ministerio Público.

Yégüez dedicó la mitad de su vida a la docencia en la más importante universidad pública del país y hoy ve mermado su sueldo en medio de una alta inflación que, si bien se ha frenado, cerró en 193 % en 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) estimaciones privadas.

“Salario digno, derecho humano”, coreaba una mujer que asistió a la convocatoria. “No más salarios de hambre, el Estado viola nuestros derechos”, se leía en una pancarta, que sostenía otra manifestante.

En Venezuela, el salario mínimo base, de 130 bolívares, no llega hoy a los 4 dólares mensuales al cambio oficial. Y el gobierno no aumenta los ingresos desde mayo de 2022, cuando representaban unos 30 dólares.

El mínimo impacta únicamente en la administración pública, pues hace tiempo dejó de ser una referencia en el sector privado.

“Si quieren maestros en las escuelas y enfermeras en los hospitales deben aumentar los salarios”, advirtió Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas.

Bonos

El presidente Nicolás Maduro, que culpa constantemente de la crisis a las sanciones internacionales, complementa el ingreso con bonos, que no tienen incidencia en beneficios laborales, de unos 70 dólares.

“Nuestras pensiones ya no alcanzan para comer y esos bonitos que dan por ahí ni se diga, lo que queremos es un salario digno”, siguió Yégüez, pese a que no tiene expectativas de mejoras.

Según los expertos, en su intento por desacelerar la inflación, el gobierno comenzó a “contener” los aumentos de salario mínimo como parte de una estrategia de control de gasto público para mantener a margen el déficit fiscal.

Desde hace un año, los empleados públicos exigen que sus sueldos sean dolarizados y equiparados al costo de la canasta alimentaria, que supera los 500 dólares al mes. Con información de Voz de América.