La Policía chilena interceptó este miércoles al sicario venezolano Rigoberto Socorro, acusado en 2013 de participar en el asesinato del emblemático líder indígena Sabino Romero en el estado Zulia y que ahora trataba de ingresar de forma clandestina a Chile.
«Respecto de este ciudadano procederemos al proceso de expulsión del país particularmente. De confirmar los antecedentes de ser el autor o imputado del delito que se le asigna», afirmó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Una de las seis personas condenadas por el homicidio de Romero
La persona identificada como Rigoberto Socorro, que ingresó a Chile a través de Colchane, una localidad de la frontera norte con Bolivia. Es supuestamente una de las seis personas condenadas por el homicidio de Romero en 2013.
Mientras que cinco de ellas, incluido Socorro, condenadas en 2014 por haber participado en el asesinato «en grado de complicidad correspectiva». El autor material, Ángel Romero Bracho, recibió en 2015 una condena de 30 años de prisión.
Las autoridades no han confirmado que exista una captura internacional contra Socorro
Por ahora las autoridades chilenas no han confirmado que exista una orden internacional de captura en contra de Socorro. Quien se encuentra en libertad a la espera de su expulsión del país.
Romero, un cacique de etnia yupka que tenía entonces 44 años cuando fue asesinado en el marco de un conflicto territorial en el estado Zulia, por dos encapuchados que se desplazaban en motos y que dispararon contra el vehículo en donde viajaba.
El indígena había estado previamente detenido desde finales de 2010, vinculado entonces a otros hechos de violencia derivados de la disputa de tierras. Además, quedó en libertad poco antes de que lo asesinarán.
La ONU pidió al Gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas yukpa que habitan en la Sierra de Perijá.
Se prevé que Socorro sea enviado a Venezuela en uno de los 15 vuelos chárter que el Gobierno chileno anunció este año. En el marco de una campaña para desalentar la migración con la que se pretende deportar a 1.500 migrantes.
Estos procesos de expulsión han recibido críticas por parte de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos por no cumplir lar garantías judiciales mínimas.
Con información de EFE.
