El servicio de deliverys o entrega a domicilio dejará de ser un oficio informal a partir de la publicación de la norma que regulará su funcionamiento, la cual meterá el freno de mano a la proliferación de estas empresas que ahora pasarán bajo el control del Estado.

La Gaceta Oficial No. 42.813 estipula que las compañías tendrán que presentar una habilitación emitida por el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) para poder trabajar.

Luego deberán obtener la concesión por el lapso de un año para actuar como prestadores de servicio de entregas a domicilio, mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.

Así mismo, la habilitación, tanto para personas naturales como jurídicas, tendrá una duración de un año y es prorrogable por el mismo plazo, pero puede perderse si las empresas no cumplen con las condiciones fijadas en el documento.

Por otro lado, estarán obligados asumir el pago de tasas y contribuciones, como las de tramitación, otorgamiento y renovación de la concesión, así como las cancelaciones requeridas en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica, además de reflejar en la factura electrónica o física el cobro del impuesto del 1 %, el cual, será pagado en los primeros 5 días continuos al vencimiento de cada mes a favor de Ipostel.

Elena Márquez fiel compradora por las redes sociales temen que el servicio incrementará el valor del producto. “Estas empresas de servicios son subcontratadas por las tiendas para no generar una obligación laboral, ahora será el cliente que debe cargar con ese impuesto”, aseguró.

Gerardo Macías afirmó que el Estado se había tardado, porque las entrega a domicilio tomaron auge durante la pandemia. “El Gobierno va a poner a todo a pagar impuestos y este sector no se escapó de cancelar”.