El ex vicejefe del Gobierno catalán Oriol Junqueras y siete ex consejeros fueron enviados a prisión preventiva sin fianza tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista que abrió una crisis institucional sin precedentes en España.

Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex “president” Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó este jueves el fiscal general.

Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del “Govern” que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza dictó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el “Parlament” en Barcelona aprobara el viernes pasado crear una república soberana.

Todos los miembros del “Govern” destituido estaban citados a declarar este jueves como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del “Parlament” en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.

A falta de conocer el destino del ex “president”, el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.

“Este jueves encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Este jueves encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!”, escribió en Twitter la cuenta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.

La entidad independentista Òmnium convocó una “gran manifestación” en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del “Parlament”, Carme Forcadell, criticó en Twitter: “Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias”.

Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de “presos políticos”. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, escribió en la red social.

El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales.

Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar este jueves en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el “Govern”.

Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA, y adelantó el miércoles en un comunicado firmado por el “Gobierno legítimo de Cataluña” que seguiría en Bélgica para denunciar “un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español”.

Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).

Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).

También la presidenta del “Parlament” Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar este jueves por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.

Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella. Los cinco quedaron bajo vigilancia policial.