Este 29 de enero se dio a conocer la noticia de la detención de Bárbara Estela González Clemente, presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A. (RABSA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
González Clemente había reemplazado del cargo a José Medina Delgado, en abril de 2015, quien estuvo 9 meses en el cargo. También formaba parte de la Junta Interventora de Cval, de la cual también acaba de ser destituida.
A propósito de esta designación en 2015, el presidente Nicolás Maduro informó que 4 personas habían sido detenidas por estar presuntamente implicadas en irregularidades relacionadas al manejo de las 3 sucursales de los Abastos Bicentenarios, ubicados en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Allí pidió se castigara con todo a los responsables que habían “burlado la confianza popular”.
González Clemente se desempeñó en el 2003 como Gerente de Tecnología de la Información del Ministerio de Finanzas. En el año 2008 trabajó como Directora general de Asistencia Técnica de la oficina Nacional de Contabilidad Pública, del mismo ministerio. En enero de este año fue designada Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial encargada del Centro Nacional de Balance de Alimentos (CENBAL), según amplió por su designación el portal Finanzas Digital.
El lunes 25 de enero de 2016 ya había sido publicado en Gaceta Oficial N° 40.835, el nombre de su reemplazo: el presidente designó a José De Freitas Jardim, como el nuevo presidente de la Empresa Red de Abastos Bicentenario, S.A.
El Ministerio Público también informó de la detención de Bárbara Neidi Figueroa González, Directora de la Oficina de Administración y Finanzas de CVAL, cargo que ocupaba desde febrero de 2015, según detalla en su perfil de Linkedin.
En la operación, también fue detenido el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), Heber Aguilar. Ahora está a cargo de está responsabilidad, en calidad de encargada, Daniela Mercedes González Coviella, directora general del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
A los tres el Ministerio Público acusa de, presuntamente, cometer actos de corrupción con dinero derivado de las ventas en jornadas a cielo abierto realizadas en distintas zonas de Caracas.
A González Clemente la fiscalía imputó por peculado impropio, delito que consiste en la malversación de caudales públicos o la apropiación indebida de bienes pertenecientes al Estado por parte de las personas que se encargan de su administración o custodia. A Figueroa González por peculado doloso propio continuado y a Aguilar por el delito de peculado doloso propio.
Fuente: http://contrapunto.com/
