El presidente de Brasil, Michel Temer, afronta sus horas más bajas, acorralado por acusaciones de corrupción sobre las que la Fiscalía brasileña debe pronunciarse antes del martes y blanco de una nueva huelga general convocada por los sindicatos para el viernes.

El primer “round” de la semana deberá ser antes del martes, cuando vence el plazo para que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la denuncia por corrupción pasiva contra Temer.

El jefe de Estado es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal ya ha informado de que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante.

Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente.

Las grabaciones entregadas como prueba por el empresario Joesley Batista de su diálogo con Temer fueron sometidas a pericia por la Policía Federal, que según el diario Folha de Sao Paulo, constató “interrupciones técnicas” del audio, pero descartó que el material fuese editado, como apuntó la defensa del Ejecutivo.

El resultado de la pericia deberá ser encaminado a la Corte Suprema este lunes.

No obstante, por la Constitución brasileña, el mandatario goza de un fuero privilegiado en el que el STF es la única corte que puede juzgarlo y por su condición de jefe de Estado, además, cualquier proceso jurídico que se abra en su contra deberá tener el aval de la Cámara de Diputados, cuya mayoría oficialista ya no está tan clara.

Después de las denuncias de Batista, quien se sometió a una delación premiada para reducir sus condenas por corrupción, la base aliada al gobierno se resquebrajó y algunas formaciones retiraron su apoyo al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), obligando a la salida y cambios de algunos ministros.

El PMDB, ahora con la ratificación de apoyo por parte del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), su principal aliado, busca hilvanar en el Legislativo el apoyo suficiente para evitar que los diputados avalen la apertura de un proceso contra Temer.

El mismo martes, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) tendrá una asamblea extraordinaria para analizar el informe de gestión del Ejecutivo en 2016, incluyendo el período final de la presidenta destituida, Dilma Rousseff, y el de Temer, que asumió el poder el 12 de mayo y fue ratificado en el cargo el 31 de agosto de ese año.

La última “batalla” de Temer, al menos en la semana, será el impacto y repercusiones de la huelga general promovida para el viernes por las centras sindicales contra las reformas laboral y de pensiones y jubilaciones abanderadas por el equipo económico de Temer y esperadas por el mercado financiero.

Sin embargo, ambas reformas tienen el rechazo de los movimientos sociales, gremios obreros y organizaciones no gubernamentales.

Y, además de estar contra las cuerdas desde el punto de vista jurídico, para complicar todavía más su panorama, Temer acaba de terminar una semana con el menor índice de aprobación de un mandatario en los últimos 28 años.

De acuerdo con el Instituto Datafolha, Temer llegó en un junio a una aprobación de 7,0 %, después de 9,0% obtenido en abril en medio del escándalo por las declaraciones de Batista y la peor calificación para un gobernante desde 5,0 % de José Sarney en 1989.