Brasilia.- El presidente brasileño, Michel Temer, cumple hoy un año de Gobierno efectivo, bajo la amenaza de volver a enfrentar una denuncia por corrupción, con la economía aún en crisis y su popularidad en el suelo, pero con un fuerte apoyo del Congreso. 

Temer, como vicepresidente, sustituyó a Rousseff en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso de destitución, y luego fue confirmado en el cargo cuando, hace hoy un año, se concretó el desalojo de la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias.

El nuevo Gobierno impuso una agenda económica liberal acorde con lo que exigían los mercados y los empresarios, recortó a mínimos el gasto público, reformó las proteccionistas leyes laborales y avanzó en una propuesta para endurecer el acceso a las jubilaciones, entre otras polémicas medidas que le costaron un fuerte rechazo social.

Con su popularidad en mínimos históricos del 5 %, según recientes encuestas, Temer se apoyó en un Congreso claramente conservador que se volcó en favor de sus reformas, pero se le atravesó la corrupción que ya había minado la imagen de Rousseff y ayudado a la pérdida de su poder político.

En mayo pasado, ejecutivos de la empresa JBS declararon ante la justicia que sobornaban a Temer desde 2010 y que incluso mantuvieron esas prácticas una vez que asumió el poder, tras lo cual la Fiscalía acusó formalmente al mandatario de corrupción pasiva.

La denuncia llegó en momentos en que la frágil economía de Brasil insinuaba una recuperación tras caer casi siete puntos porcentuales entre 2015 y 2016 y volvió a alborotar el clima político, al punto de que en la propia base oficialista hubo quien exigió la renuncia de Temer.

El mandatario hizo gala de su férreo control del Parlamento y su base respondió en la Cámara de Diputados, que por imperativos de la Constitución debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder.

Tras un engorroso trámite y por una clara mayoría de votos, los diputados archivaron la denuncia, pero eso no bastó para aquietar al fiscal general, Rodrigo Janot, que prepara nuevos cargos contra Temer apoyado en los mismos testimonios de JBS.

Si se confirmase la nueva denuncia, que Janot presentaría casi en vísperas de dejar el cargo, el próximo 18 de septiembre, el asunto deberá pasar nuevamente por la Cámara baja, en la que el oficialismo sigue siendo mayoría, aunque con un poder que ha menguado al calor de escándalos que también afectan a varios ministros del Gobierno.

En círculos políticos se cree que la base de Temer tiene fuerza para bloquear una nueva denuncia, que si fuera aceptada separaría al presidente de sus funciones durante seis meses, pero se teme por la parálisis que un nuevo proceso causaría en el Congreso.

También hay cierto resquemor por el impacto que pueda tener el rechazo a los cargos contra un gobernante impopular, cuando en las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 serán renovados todos los escaños de la Cámara baja.

En medio de estas turbulencias, Temer le ha hecho otro guiño a los mercados con un vasto plan de privatizaciones anunciado la semana pasada y que promocionará durante una visita que inició hoy a Pekín, previa a su participación en la cumbre del BRICS, que Brasil integra con Rusia, India, China y Suráfrica.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, al que pertenece Rousseff y que encabeza la minoritaria oposición, ha denunciado las políticas de Temer como un “ataque a los derechos” sociales y afirma que las privatizaciones son en realidad un “plan de desmontaje del Estado”.

Con ese discurso martillea casi a diario Lula, quien pese a sus serios problemas judiciales y una condena en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por corrupción, se propone ser candidato a la Presidencia en 2018.

Rousseff, por su parte, se ha dedicado a denunciar su destitución como un “golpe” y hoy mismo, un año después de su caída, insistirá en esa tesis un acto convocado por el PT en Río de Janeiro.

Vìa: Globovision