Antes que inicie la sesión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se discutirá la actualización del informe sobre la crisis política y social en Venezuela, desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su presidente, Maikel Moreno, propuso la remoción del secretario general de la organización por “injerencista”.

El magistrado leyó ante las cámaras de televisión un comunicado en el que el máximo tribunal solicita al Ejecutivo a proponer la remoción de Luis Almagro como lo establece el artículo 116 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

El artículo dice: “La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados miembros, puede remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la organización”.

“El escrito es inaceptable por cuanto pretende desconocer la independencia del Poder Judicial surgido de un proceso constituyente (…) el escrito implica un ataque ofensivo a las instituciones del Estado con el propósito de crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo”, afirmó Moreno sobre el informe.

El acuerdo que aprobó el TSJ establece:

1.- Rechazar públicamente el escrito presentando por Luis Almagro el 14 de marzo por contener señalamientos injerencistas, infamantes y lesivos al orden democráticos

2.- Condenar enérgicamente el atentado contra la paz.

3.- Atender como poder judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos para garantizar la defensa de la paz.

4.- Exigir al secretario de la OEA respetar el diálogo permanente que se viene realizando en Venezuela.

5.- Respaldar la Política Exterior en la defensa irrestricta de nuestra soberanía.

6.- Solicitar al Ejecutivo que considere la posibilidad de proponer la remoción del actual secretario general de la OEA según establece el artículo 116 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

7.- Declara al Poder Judicial en movilización por la defensa del Estado.

8.- Instar a los Poderes Judiciales de los Estados miembros de la OEA para ratificar la independencia de los sistemas de justicia del continente.

9.- Hacer público el acuerdo y remitirlo al Ejecutivo.