Un grupo de ciudadanos y activistas de derechos humanos se manifestó frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires para denunciar las consecuencias del cierre diplomático, inactivo desde agosto de 2024.
La protesta, encabezada por organizaciones como Alianza por Venezuela, resaltó que más de 200.000 residentes se encuentran en un «limbo administrativo» que les impide gestionar pasaportes, antecedentes penales y partidas de nacimiento. Esta situación obstaculiza el acceso a empleos formales, salud y educación, vulnerando derechos fundamentales de la población migrante en el país austral.
Asimismo, la movilización enfatizó la exclusión política generada por la parálisis de la oficina, lo cual bloquea la actualización del Registro Electoral en el exterior. Representantes de la Plataforma Unitaria señalaron que la falta de personal y la imposición de requisitos discriminatorios impiden a millones de ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.
Ante este escenario, los manifestantes presentaron un pliego de peticiones que exige la implementación de trámites digitales, la eliminación de la residencia permanente como condición para votar y la normalización inmediata de todos los servicios consulares.
