En 2011 se creó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario con el discurso de “humanizar” el sistema carcelario. Sin embargo, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las cárceles se consolidaron como espacios de abandono, control del pranato e impunidad.
Desde 2011 hasta 2026, el OVP documentó 24 masacres con 397 muertos (369 privados de libertad, 22 visitantes, 2 custodios, 3 funcionarios del ministerio y 1 efectivo de la GNB) y más de 600 heridos. La mayoría ocurrió bajo la gestión de Iris Varela (19), seguida de Celsa Bautista (2), Mirelys Contreras (1) y Julio García Zerpa (1, en 2026).
Entre las más graves destacan:
Uribana 2013: 65 muertos.
Cepella (Portuguesa) 2020: 49 reclusos asesinados.
David Viloria (ex Uribana) 2014: 48 muertos por intoxicación.
Cedja Amazonas: 39 muertos.
CEPRA 2012: 22 muertos.
Yare III (2026): 5 reclusos asesinados tras una protesta.
Muchas de estas masacres se produjeron después de protestas por maltratos, mala alimentación o suspensión de beneficios, y en varios casos involucraron a funcionarios de seguridad. El OVP denuncia que las investigaciones anunciadas no han tenido resultados públicos, no se ha sancionado a responsables y se ha atribuido las muertes solo a conflictos entre internos, pese a la responsabilidad estatal sobre el ingreso de armas.
El organismo concluye que, tras 15 años, el Estado viola la Constitución (artículo 43), las Reglas Mandela y estándares internacionales, y que estos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Exige verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
