Síndico cuestiona el uso del espacio ubicado en Las Cadenas

RONALD PEÑARANDA

“La titularidad del terreno donde funciona el campamento Nora, ubicado en el sector Las Cadenas, no está en tela de juicio, sabemos que pertenece al YMCA, lo que se cuestiona es la administración de esos espacios porque la junta directiva presenta documentos vencidos”.

La declaración la suministró al Diario Avance César Vielma, síndico procurador de la Alcaldía de Guaicaipuro, quien manifestó que el YMCA, conformada por asociaciones de jóvenes cristianos hizo vida en el país desde el año 1948, pero en 2017, parte de los directivos que tenían el control de los bienes de la organización, entre los cuales se encuentra la piscina ubicada en la avenida Francisco de Miranda, se marcharon de Venezuela.

“Solo queda un ciudadano de nombre Martín García, que era el vicepresidente según consta en asamblea ordinaria de 2016, esa fue la última acta. Las autoridades vencen cada cuatro años y el acta constitutiva de la asociación no tiene la salvedad de que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se convoquen a nuevas elecciones”, detalló.

Recalcó que al cumplir el lapso de los cuatro años, que fue en 2020, debieron llamar a una asamblea para designar a los nuevos directivos, “pero eso no lo hicieron y no lo van a poder hacer porque la mayoría de los integrantes no están acá en el país”.

Manifestó que tanto el campamento Nora como las instalaciones de la Miranda, “los abandonaron, los dejaron a la deriva. Carlos García, hijo de Martín García, vicepresidente de la asociación estaba haciendo uso del campamento de manera irregular porque él no tiene facultades para utilizar esos espacio. Hasta el sol de hoy no me ha presentado papeles actualizados y registrados”.

Documentos vencidos

Añadió que tampoco Carlos García ha podido demostrar que él sea el director del campamento. “Los documentos que me han mostrado tienen sellos digitales no existen sellos húmedos, porque para lograr eso, deben llevar el acta de asamblea vigente y por supuesto no la tienen. Para nosotros esos documentos carecen de validez jurídica”.

Aseguró que en el lugar permanecen dos cuidadores a quienes les dieron instrucciones de no permitir el ingreso de personas hasta que demuestren que están facultados legalmente para usar las instalaciones.

Actualmente el campamento se alquila para actividades deportivas y recreativas. “Les dijimos a estos dos señores (los custodios) que el dinero que reciban lo destinen para el mantenimiento de las áreas y en efecto así lo han hecho. Ellos han comprado aceite para la desmalezadora, repararon los breakers, arreglaron la piscina, compraron bombillos y pagaron una deuda de tres mil bolívares que tenían con Corpoelec, algo que no había hecho Carlos García. No cancelaban la luz desde 2019”. Foto: Jesús Tovar