Seis ediles del GPP señalan que fueron “secuestrados y coaccionados” para aprobar un crédito adicional

RONALD PEÑARANDA

La apertura de una investigación sobre el presunto “secuestro y coacción” de seis concejales del Gran Polo Patriótico (GPP) de Guaicaipuro fue solicitada al Ministerio Público por las supuestas víctimas.

Los ediles Judith Hernández, Gregorio Goitía, Rubén Díaz (Partido Socialista Unido de Venezuela), Rafael Ortegano (Tupamaro), Manuel Almenar (Partido Comunista) y Jean Silva (Podemos), enviaron una comunicación al diario Avance en la que manifiestan que acudieron a la Fiscalía por los aparentes atropellos que sufrieron el pasado miércoles primero de julio en el salón de sesiones de la cámara.

“Un grupo de 30 funcionarios de cargo 99 de la Alcaldía mediante gritos, agravios y vociferando ofensas contra nosotros los concejales nos obligaron a hacer una sesión extraordinaria irríta para la aprobación de un crédito adicional para un supuesto proyecto agrícola”, señalan en el escrito que remitieron a este medio de comunicación social.

Agregan que el punto había sido diferido para el próximo ocho de julio, porque necesitaban tener mayor información sobre el asunto, “lo cual es un accionar normal en cualquier concejo municipal del país”.

“Es el caso que quienes deben tener respeto por los legisladores municipales, cerraron todos los accesos de salida de la Alcaldía y los de seguridad decían que habían recibido esas instrucciones: nadie sale, nadie entra, siendo sometidos los concejales, Judith Hernández, Rubén Díaz, Gregorio Goitia, Manuel Almenar, Rafael Ortegano y Jean Silva a una fuerte agresión verbal, física y psicológica, para que aprobaran el citado crédito, bajo amenazas a su integridad personal”, destacan.

“Sustitución de principales por suplentes”

Asimismo recalcan que “con este perverso accionar estamos en presencia de presuntos hechos de tipo penal y por ello hemos acudido al Ministerio Público ya que confiamos plenamente en nuestras instituciones garantes de la legalidad”.

“Existe una pretensión por parte de la burgomaestre de sustituir a los mencionados concejales con suplentes. Ello vulneraría nuestra Carta Magna, leyes nacionales, municipales y reglamentos, es decir todo el entramado jurídico cuya primera autoridad municipal está en la obligación de cumplir y hacer cumplir, además de su deber de mantener la paz y la tranquilidad de la población guaicaipureña, más bien se ha convertido en un foco de perturbación para la gestión municipal y para la población en general”, detallan en el documento enviado a Avance.