Un panel de una corte federal estadounidense rechazó una apelación del expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique para detener su extradición a su país, donde está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos dentro de un enorme escándalo de corrupción que alcanzó a cuatro exmandatarios peruanos.

Toledo, de 77 años, está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, una gigantesca compañía constructora brasileña que ha admitido ante las autoridades estadounidenses que sobornó durante décadas a funcionarios para conseguir contratos en toda América Latina.

El exmandatario pretendía que se suspendiera su extradición a la espera de que se resolviera su impugnación contra la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de devolverlo a Perú, refirió The Associated Press.

Toledo, quien fue presidente de Perú de 2001 a 2006, fue arrestado en julio de 2019 en su casa en Menlo Park, California. Inicialmente fue recluido en confinamiento solitario en la Cárcel de Santa Rita, a unos 60 kilómetros (40 millas) al este de San Francisco, pero fue dejado en libertad en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces ha estado en arresto domiciliario. 

El juez en el caso de extradición, Thomas Hixson, revocó el miércoles la fianza a Toledo y le ordenó que se entregue al Servicio de Marshals de Estados Unidos a las 9 de la mañana del viernes en San Francisco para que lo regresen a prisión, como lo solicitó el fiscal federal Ismail Ramsey. El fiscal dijo que el Servicio de Marshals tomaría medidas para entregarlo a las autoridades peruanas. Sin embargo, se desconoce la fecha en la que lo haría.

El escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht ha sacudido la política de Perú, donde casi todos los expresidentes vivos están siendo enjuiciados o investigados.

Presidentes peruanos acusados 

El expresidente Ollanta Humala está siendo enjuiciado por acusaciones de que él y su esposa recibieron más de 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que concluyó su mandato en 2018, se encuentra en arresto domiciliario por cargos similares.

Alan García, quien gobernó Perú de 2006 a 2011, se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019 cuando las autoridades llegaban a su casa para arrestarlo en relación con la pesquisa sobre Odebrecht.

Con el fin de detener su extradición, Toledo arguyó que Perú no había presentado documento alguno ni mostrado causa probable. Pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco dijo en su fallo que la fiscalía peruana presentó documentos con imputaciones suficientes que sustentan la extradición.

El panel de tres magistrados dijo que las declaraciones de dos testigos en el caso de corrupción contra Toledo bastaban “para establecer una causa probable en una audiencia de extradición”.

“Además, Toledo admitió que 21 millones de dólares en sobornos fueron transferidos a cuentas controladas por su jefe de seguridad, 17,5 millones terminaron en la compañía de su suegra y 500.000 dólares fueron depositados en una cuenta bancaria a su nombre o utilizados para adquirir bienes raíces a su nombre”, escribió la corte.

Alega que no deberían regresarlo 

Toledo, quien fue presidente de Perú de 2001 a 2006, también alegó que no deberían regresarlo porque tendría que esperar hasta tres años en una cárcel en Perú para ser encausado formalmente, lo que pondría su vida en peligro debido a su edad y mala salud.

La corte de apelaciones reconoció las serias consecuencias que tendría en la salud de Toledo que lo encerraran en una prisión peruana donde las condiciones fueran malas. Pero los jueces dijeron que basaron su fallo en la improbabilidad de que Toledo lograra impedir su extradición en tribunales.

“El panel confirmó que Estados Unidos atenderá el interés público acatando una solicitud válida de extradición, porque el cumplimiento adecuado fomenta las relaciones entre ambos países y fortalece los esfuerzos para establecer un Estado de derecho internacional”, dijo la corte.

Toledo ha sido residente legal permanente de Estados Unidos con domicilio en California y sus vínculos con el estado se remontan a la década de 1970, cuando era estudiante en la Universidad de Stanford. Fue investigador visitante en Stanford hasta 2017, aunque la universidad dijo que tenía una posición sin sueldo. Estaba trabajando en un libro.