El Gobierno italiano aprobó hoy un decreto sobre inmigración y seguridad que prevé un endurecimiento de las condiciones para los solicitantes de asilo y expulsiones para los inmigrantes considerados “un peligro social” o condenados en primer grado.
“En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión”, dijo el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El titular de Interior ha sido el impulsor de este decreto que modifica la normativa en materia de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas.
El decreto prevé la retirada de la ciudadanía si existe condena definitiva por terrorismo y amplía el periodo de permanencia en los centros para refugiados de 90 a 180 días.
Además, Italia no permitirá la entrada en su territorio a ningún extranjero expulsado de otros países de la zona Schengen.
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