El Ministerio Público acusó a José Jesús González González por su presunta responsabilidad en la muerte de Ender Rafael López Ayala (35), funcionario del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hecho ocurrido el pasado 16 de agosto en el sector El Guanábano de la Carretera Vieja Caracas-Los Teques.

En horas de la noche del citado día, el efectivo se encontraba dentro de su residencia cuando escuchó un ruido afuera. Al salir a investigar fue sorprendido por un hombre, que le propinó un disparo en el pecho y lo atacó posteriormente con un ladrillo.

Luego de ingresar a la casa, le pidió a una de las personas que encontró dentro un bolso con todas las pertenencias de la víctima: un arma de fuego marca Beretta, modelo 92FS; dos equipos telefónicos, dinero en efectivo y un distintivo perteneciente al Sebin.

Tras entregar lo solicitado, la persona escapó hacia la vía principal en procura de auxilio por parte de sus vecinos, no sin antes ser objeto de varios disparos fallidos por parte de su asaltante inicial y otros dos acompañantes.

Habitantes del sector lograron auxiliar a López Ayala y trasladarlo hasta el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, donde la víctima falleció producto de un shock hipovolémico por herida de arma de fuego por proyectil único en la zona toraco-abdominal, destacó una  nota de prensa del MP.

Se estableció la vinculación del sujeto con estos hechos, por lo que fue detenido por el Sebin el 21 de agosto en el mismo sector, en virtud de una orden de aprehensión emanada por el Tribunal 35º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC). Al momento de su detención portaba una granada sin detonar.

La Fiscalía 41ª del AMC acusó al individuo como cómplice necesario en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía en la ejecución de un robo agravado, detentación de artefacto explosivo y asociación para delinquir.

En el escrito consignado ante el Tribunal 35º del AMC, la representación fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se le mantenga la medida privativa de libertad en la sede del Cicpc en la Avenida Urdaneta en Caracas.