Los recursos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la atención de las zonas devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, estimados en 346 millones de dólares, estarán bajo la lupa del organismo multilateral.
Para autorizar el desembolso en situaciones de emergencia humanitaria, el FMI exige el cumplimiento riguroso de su política de «guardar los recibos» (keeping the receipts). En este contexto, ambas partes acordarán mecanismos específicos de supervisión que permitan poner en marcha el plan de reconstrucción tras la tragedia.
En este sentido, el organismo envió delegaciones técnicas a Venezuela para conformar «mesas técnicas constantes» con el equipo económico local, con el fin de evaluar sector por sector la ejecución de las obras.
El objetivo es brindar asistencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas encargadas de administrar los recursos para fortalecer sus capacidades institucionales, así como hacer seguimiento al fondo especial de reconstrucción creado por el Ejecutivo nacional para centralizar y transparentar el flujo de las transacciones, entre otros aspectos.
De acuerdo con lo consignado en el portal oficial del FMI, «el calendario y la secuencia de las discusiones sobre supervisión se acordarán con las autoridades y dependerán de consideraciones operativas».
