Diputados del Clebm piden averiguación por instigación a la violencia

La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (Clebm) Aurora Morales entregó ayer a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Dìaz, un documento en el cual piden abrir una averiguación al gobernador Henrique Capriles por instigación a la violencia y abandono de sus funciones.

La solicitud se hizo en medio de una movilización que se realizó en Caracas desde la avenida Libertador hasta la sede del Ministerio Público, en la participaron también participaron el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Elías Jaua, los parlamentarios regionales unba mIsmael Capinel, Marisela Mendoza, Miguel Mora, Luis Bello, Yohan Ponce y Héctor Rodríguez, asi como alcaldes, presidente y concejales de la tolda roja.

“Nosotros queremos que esto se pare, que se ponga orden y que la Fiscalía tome las medidas que tenga que tomar”, declaró Morales.Señaló que la fiscal se comprometió en hacer una averiguación lo más objetiva posible y “además con la celeridad que amerita el caso”.

Recordó que esta no es la primera vez que Capriles incide en este tipo de acciones, que se enmarcan en el proceso de solicitud de revocatorio hecho por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Tras perder las elecciones presidenciales de 2013, contra el actual presidente Nicolás Maduro, llamó a drenar la rabia en la calle, lo que tuvo un saldo de 11 personas fallecidas, 80 heridos y actos vandálicos en 14 entidades”. Reiteró el llamado a la paz y al cese de la violencia y reafirmó que el Clebm continuará respaldando el respeto a la democracia contemplado en la Constitución.

Parte del petitorio

El legislador Dario Vivas leyó parte del petitorio en el que reclaman la investigación contra el mandatario por “los delitos violencia colectiva, instigación a la violencia, instigación al mal, agavillamiento, participación en cuerpos armados delictivos, daño al patrimonio público, desobediencia a la autoridad y la perturbación de la tranquilidad pública y privada”.

Apuntó que “en caso de quedar demostrada la comisión de los derechos punibles perpetrados por Capriles, el MP se sirva a ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones a que dieran lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, penal, administrativa y disciplinaria aplicable”.