Una de las mayores operaciones de corrupción en Venezuela, conocida como PDVSA-Cripto, generó pérdidas tan enormes que, según analistas, ese dinero habría sido suficiente para solucionar o al menos aliviar significativamente la grave crisis eléctrica que afecta al país desde hace años.
La Fiscalía General calcula el daño al Estado en alrededor de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones independientes de organizaciones no gubernamentales elevan esta cifra por encima de los 23.000 millones de dólares.
Un exhaustivo reporte de la periodista Marianella Vanci publicado en CriptoNoticias señala que entre 2020 y 2023, Petróleos de Venezuela (PDVSA) dejó de percibir 16.960 millones de dólares, una cantidad que equivale a casi el 30% del PIB del país en 2022.
De ese total, unos 3.600 millones se consideran prácticamente incobrables porque intermediarios sin experiencia en el sector, pero con fuertes conexiones políticas, recibieron buques cargados de petróleo y desaparecieron sin pagar.
El mecanismo de la trama era relativamente sencillo pero muy efectivo. Altos funcionarios asignaban petróleo venezolano a precios muy por debajo del valor de mercado. Por ejemplo, según reveló Últimas Noticias en abril de 2024, al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le entregaban barriles a 43 dólares cada uno.
Él y su hermano Daniel De Grazia los revendían después a precios mucho más altos. El banco de los De Grazia funcionaba como custodio de las divisas de los empresarios que querían negociar con PDVSA durante la gestión de Tareck El Aissami.
Entre los principales involucrados en esta red se encuentran figuras de muy alto nivel: Tareck El Aissami (exvicepresidente y exministro de Petróleo), Hugbel Roa (exdiputado y exministro), Simón Zerpa (exministro de Finanzas) y los banqueros Carmelo y Daniel De Grazia, señalados como los creadores de la ingeniería financiera que permitió la operación.
Todo se coordinaba, según las investigaciones, con personas cercanas como Samark López.Hasta ahora han sido detenidas cerca de 65 personas, entre altos funcionarios, empresarios y hasta choferes de los principales implicados. Los familiares de estos últimos han pedido su liberación, argumentando que solo cumplían órdenes y no tenían ninguna responsabilidad en los hechos de corrupción.
Las autoridades han insistido en que este caso no se trata de presos políticos. No está relacionado con posiciones ideológicas ni con actividades políticas, sino con actos claros de corrupción y tráfico de influencias en la venta de petróleo del Estado.
En resumen, la trama PDVSA-Cripto representa uno de los mayores saqueos a la industria petrolera venezolana en los últimos años, con un impacto económico tan grande que podría haber servido para estabilizar el sistema eléctrico nacional. El caso sigue avanzando en los tribunales.
